La Defensoría del Pueblo identificó que 399 municipios en Colombia se encuentran en riesgo extremo, y alto de que ocurran actos de violencia que afecten el proceso electoral el próximo 29 de octubre,
En este sentido, las alertas tempranas se concentran en 113 municipios en 16 departamentos. Nariño con 17 localidades de las 64 que se cuenta, entre los que están, Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Ipiales, La Llanada, Leiva, Los Andes-Sotomayor, Magüí Payán, Olaya Herrera, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara, Santa Cruz de Guachavéz y Tumaco, presentan un riesgo complejo, especialmente por la presencia de grupos armados ilegales que dominan grandes partes del territorio.
Personas armadas
Actores armados ilegales como, disidencias de las FARC-EP, con el Bloque Occidental Jacobo Arenas y Segunda Marquetalia; ELN, Frentes de Guerra Occidental y Suroccidental; grupos de crimen organizado Los Contadores, causan temor entre los habitantes de estas poblaciones, en su gran mayoría no hace presencia el Ejército ni la Policía en zonas rurales, salvo los cascos urbanos.
Desplazamientos en Samaniego
Hechos violentos
Entre el 1º de enero y el 9 de agosto de 2023 se han registrado 5 conductas contra personas en el proceso electoral, también se han presentado 3 masacres, 52 personas desplazadas, 198 familias en confinamiento, 3 candidatos amenazados, 1 atentado contra candidato, 5 alcaldes despachando de manera intermitente por fuera de sus municipios.
Homicidio a Líderes Sociales y Personas Defensoras de DDHH: 11 homicidios entre enero y julio de 2023.
En este caso, cabe decir que los más grave ocurre en el corregimiento de Altaquer, Barbacoas, sobre la vía a Tumaco, donde unos mil indígenas se encuentran desplazados.
Igual situación ocurre desde hace casi un mes en Samaniego, donde unos 1.200 integrantes del Cabildo Indígena La Montaña, salieron de su territorio por el temor a quedar entre el fuego cruzado, en los enfrentamientos que se presentan entre el grupo ELN y disidencias de las Farc.
Otros departamentos
También se presentan dificultades en los Departamento de, Norte de Santander con 16 municipios, Chocó 15, Cauca 13, Bolívar 9, Antioquia y Caquetá́ con 7 cada uno, Arauca y Huila 6 cada uno, Meta 5, Cesar, Putumayo y Valle del Cauca 3 cada uno y Casanare, Guaviare y Santander con un municipio cada uno.
En las ciudades
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son, Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó́ (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá́ (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
La Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, que sumado con lo de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023. Para estas elecciones aumentó 39% el número de municipios en riesgo en comparación con los comicios regionales de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.
Temor de la población
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones.
Entre los más relevantes están, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos se han expandido el 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Las peticiones
La petición va acompañada de lo consignado en la Alerta Temprana Electoral, cuyo fin consiste en que el Estado cope institucionalmente el territorio colombiano, establezca reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y, finalmente, haya celeridad en la ejecución de los planes de acción de políticas públicas de prevención y de protección.
En este caso, el Presidente Gustavo Petro liderará la respuesta que se dará a la Alerta Temprana, con el fin de impulsar acciones articuladas de toda la institucionalidad del Estado.
