No termina la polémica luego de las declaraciones del Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, y la derogación por el Gobierno del decreto 1844 de 2018, el cual reglamentaba el procedimiento policial, y no permitía la detención o captura “en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, lo que produjo una fuerte polémica nacional.
¿Qué dijo Uribe?
“Legalizar la droga, ¿y entonces la juventud y la familia y el futuro de la Nación? Colombia no lleva personas a la cárcel por consumir o portar dosis personal de drogas, por eso no están penalizadas. El uso médico, científico, medicinal, está legalizado desde los años 1960”, indicó el expresidente, Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, en su cuenta de X.
También añadió que, “con las nuevas disposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y en detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas”.
Según lo establecido en las últimas horas el Gobierno Nacional pasa esta situación a manos de los alcaldes locales, quienes deben definir los espacios de consumo de estupefacientes, y con ello la cantidad de gramos que debe cargar cada consumidor.
Explicaciones
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que el rol de reglamentar los lugares para el consumo de estas sustancias recae en mandatarios locales. Cabe decir que, desde varios se han realizado numerosas críticas, para quienes consideran que la decisión favorecerá al crimen y será un mal ejemplo para las futuras generaciones.
¿Qué dice el Presidente?
‘Policía no se debe centrar en perseguir consumidores sino grandes capos’, dijo el Presidente Gustavo Petro Urrego, a través de su cuenta de X, señalando que se trataba de una medida “contra los jíbaros” y cuyo objetivo buscaba “garantizar entornos seguros”.
Petro ratificó que, “la distinción entre consumidor y jíbaro es un asunto de inteligencia policial” y que la Policía deberá concentrarse en “la destrucción de la banda delincuencial, la olla y la convivencia ciudadana”.
Entre tanto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la decisión no da libre vía a la venta y expedición de drogas, sino que da a los alcaldes y mandatarios locales el rol de reglamentar esos espacios. Añadió que, lo que cambia con la decisión presidencial es que “ya no hay multas para las personas que porten dosis personal de droga en la calle”.
